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¿LEGALIDAD O LEGITIMIDAD?: EDUCAR SOBRE EL GRAVE MOMENTO SOCIAL QUE VIVIMOS

Los educadores quizás se encuentran perplejos ante la delicada situación social que vivimos: el conflicto existente entre las instituciones catalanas y del estado español. ¿Cómo abordar esto en clase? ¿Cómo hacerlo desde un posicionamiento libre de prejuicios y libre del riesgo siempre latente de practicar el adoctrinamiento? ¿Se puede abordar esta temática desde una perspectiva ética imparcial y coherente?

El tema, sin duda, es complejo y, para ser honestos, habría que trabajarlo siempre desde esta complejidad, ya que el peligro de simplificación puede hacernos caer en el simplismo o en la superficialidad. Sin embargo, traducir esta complejidad a las capacidades y el entendimiento de los niños, adolescentes y jóvenes es una tarea nada fácil, pero que maestros y profesores deben asumir necesariamente. Y deben hacerlo con sabiduría, sin exabruptos ni adoctrinamientos, con el máximo rigor e imparcialidad posibles … Pero, claro, cuando se parte de identidades y sentimientos, propios y ajenos, esto se convierte en una tarea realmente ingente. Racionalizar los sentimientos no sido nunca, ni nunca será, una tarea fácil.

Es por eso que no me atrevo, pues, a entrar en cuestiones didácticas y lo remito a cada docente y sus circunstancias … Yo propongo, sin embargo, avanzar hacia el núcleo de la cuestión. Entrar en la comprensión de la tensión de valores fundamentales existente allí, para mirar que este viaje nos ayude a ponderar mejor el fenómeno y así nos facilite después una más correcta y profunda explicación.

 

Delimitando el núcleo axiológico del conflicto:

Si intentamos sintetizar cuáles son los valores primarios que radican básicamente en el sustrato del problema que nos ocupa, parece claramente que se se trata de un conflicto entre legalidad y legitimidad.

De entrada esta afirmación parece, sin embargo, un pleonasmo inútil, ya que en su etimología, e incluso en su semántica, “legalidad” y “legitimidad” significan ambas palabras una “adecuación o conformidad a la ley”. Sin embargo, y aquí radica el “quid” de la cuestión, ambos términos entienden la “conformidad” desde perspectivas diferentes. Y así nos lo muestra la etimología misma de estas palabras.

“Legalidad” y “legitimidad” provienen en último término de la palabra “lex-legis” del latín que significa “ley”, pero “lex-gis” a su vez proviene del sonido indoeuropeo “leg-” que significaba o se refería a la elección,… ¡Claro!, la ley era en definitiva una “elección del bien” o “la elección del camino correcto”. Aquí ambos términos coinciden, ya que mantienen la misma raíz semántica. El matiz, sin embargo, no está tanto en la raíz, como en el sufijo … mientras legalidad elige el sufijo “-dad” que indica la calidad o conformidad, en cambio legitimidad precede este sufijo “-dad” que también tiene, un antesufijo “-imus-“, que es el propio del superlativo. O sea, que la interpretación más buena del término “legitimidad” debería ser “de la máxima conformidad con la ley”.

Como se puede ver no esto no es para nada un matiz intrascendente … Está claro que, al menos en cuanto al lenguaje, se diferencian dos grados de conformidad a la ley: uno más común o menor, la legalidad, y uno más extraordinario o mayor, la legitimidad.

La lengua hace esta distinción quizá porque se ampara en los dos momentos fundamentales que se convierten en la formación de todo marco legal. Y esto lo podemos entender con la segunda acepción del término “legítimo”: “genuino, auténtico o no falso”. O sea, que se añade la necesaria adecuación de la ley a la verdad, o si se quiere, a la realidad que siempre es previa o primera.

Así entendemos que una ley emana primero de una voluntad: la convivencia y la búsqueda del bien común, y luego esta voluntad se plasma en una fórmula concreta: la ley o norma escrita. Ambos elementos son absolutamente necesarios: no hay auténtica ley si no hay una clara voluntad de adecuarse a la realidad y a la exigencia de bien común, y no hay ley si esta voluntad no se plasma en una fórmula objetiva concreta. Diríamos, pues, que se trata del espíritu y de la letra de la ley. Ambos elementos fundamentales e inseparables.

 

Legalidad y legitimidad en el conflicto actual

Si aplicamos este razonamiento a los acontecimientos actuales parecería, por un lado, que las autoridades estatales españolas apelan sobre todo a la legalidad, a la letra de la ley. Mientras que las catalanas lo hacen en el marco de la legitimidad, en el espíritu de la ley … Pero esta correlación no es tan sencilla, ni se puede hacer tan a la ligera.

La Constitución Española se ratificó en 1978, y en esta ratificación radica también su legitimidad. Las autoridades del estado español no apelan sólo a la legalidad constitucional, sino también a su legitimidad ratificada … Y no sólo en el momento puntual del referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978, sino en el marco convivencial de estos casi 40 años de democracia parlamentaria en común. Por tanto, habría que añadir a los argumentos sobre la legalidad, que sostienen, también los argumentos sobre la legitimidad continuada de estos mismos argumentos. Y eso da una fuerza argumental muy grande que no se puede despreciar.

Las autoridades catalanas, sin embargo, han intentado añadir a su argumentario de legitimidad, otros argumentos de legalidad, que saben son siempre necesarios, y de ahí que si no se han podido obtener por la vía ordinaria (la reforma del marco legal constitucional) , lo han intentado de facto aplicando el principio de superioridad axiológica de la legitimidad por encima del de legalidad (hechos acaecidos en el Parlamento Catalán los días 6 y 7 de septiembre). Esto se ha hecho, evidentemente, contraviniendo el marco legal constitucional, creando o generando un pretendido marco legal nuevo, que si no puede sostenerse en el marco legal existente, se pretende sostener sobre el axioma de la superioridad del principio de legitimidad sobre el principio de legalidad.

De hecho, muchos procesos de independencia de unos territorios o naciones respecto a otros a los que pertenecían han seguido un proceso más o menos similar. Cuando los dos principios: el de legitimidad y el de legalidad no convergen en una parte del territorio y de su población, esta tensión, llevada al extremo por factores económicos, sociales, emocionales e ideológicos, acaba produciendo una implosión del sistema.

 

Críticas a los procedimientos:

Esto que hemos expuesto nos puede hacer comprender el núcleo argumental del problema que vivimos, pero hay que añadir también el análisis de los procedimientos empleados por ambos lados. No sólo hay que analizar los argumentos que sostiene cada una de las partes, hay que analizar cómo han procedido, ya que tan importante es argumentar cómo actuar, al menos desde la perspectiva moral.

Es cierto que aparentemente las razones que sostienen las autoridades estatales españolas son muy poderosas en cuanto tanto al principio de legalidad (donde parece que casi nadie discute su adecuación) como con el principio de legitimidad (porque arranca de lejos y se ha sostenido en el tiempo de manera constatable). El problema radica en la oportunidad … Que los dos principios se hayan dado y que lo hayan hecho mucho tiempo, no presupone que se dé en el presente; y que lo haga en el presente de forma mayoritaria (la mayor parte del territorio español no ha planteado esta tensión), no significa que lo haga en la totalidad … Lo que es extraño es que no se facilite dilucidar claramente y de manera consensuada y acordada un sistema de análisis que permita ver la profundidad y el alcance de la tensión en la porción del territorio en la que se está produciendo. Ya que si bien es cierto que dicho análisis, según los resultados, podría poner en peligro la continuidad de bienes considerados fundamentalísimos (como la unidad e indivisibilidad del marco territorial), también, en la práctica, se pone en peligro este mismo marco, por culpa de la carencia de este análisis. Y se convierte en una paradoja que la defensa de unos principios fundamentales lleve, en la práctica, el cuestionamiento de esos mismos principios; y más si esta defensa, por necesidad y por la imperiosidad de los hechos, termina añadiendo elementos que se sostienen en el uso de la fuerza, por más legales que estos sean … ya que el valor que está en tensión no es sólo la legalidad, como hemos visto, sino también su legitimidad. El uso de la fuerza puede tener, como de hecho observamos, un efecto totalmente contraproducente.

Pero hay que incidir también en el procedimiento que la otra parte emplea. La apelación legítima a la tensión existente en una población determinada, no justifica “per se” el violentamiento de un marco legal, y menos si este es plenamente democrático. La legitimidad que no se sustenta adecuadamente en un marco legal se debilita tan notablemente, que puede perder incluso su propia esencia. Usar el descontento legítimo de una población para imponer procedimientos legales ilegítimos, no se sostiene racionalmente, porque parece más bien que estos se sustentan principalmente en comportamientos emocionales, de los que se puede dudar cabalmente de su validez. Las emociones, sin razones, pueden ser muy peligrosas, y sobre todo muy manipulables. Para subvertir una ley, hay que demostrar claramente su injusticia, y hacerlo tanto racional como emocionalmente. Y si la cabeza no entiende las razones del corazón, el mejor camino pasa siempre por intentar iluminarla, y no prescindir de ella. Si no podemos vivir sin corazón (en ningún caso), no es menos cierto que tampoco podemos vivir sin cabeza… Los seres humanos somos cabeza y corazón, razón y sentimiento, ley y espíritu … ¡Y no lo podemos rehuir! La salvaguarda de ambos elementos es siempre una imperiosidad insoslayable.

 

Sobre la praxis escolar o educativa

Preguntémonos ahora, si nuestra praxis escolar o universitaria tiene algún episodio análogo que, salvaguardando las necesarias distancias con los puntos tratados, pueda iluminarnos en la consideración de una praxis correcta …

Quizás este episodio lo podríamos encontrar en las demandas que los alumnos universitarios hacen en las facultades sobre algún aspecto académico o administrativo. Cuando los alumnos creen que sus derechos u oportunidades no están debidamente protegidos o tenidos en cuenta (principio de legitimidad), emplean el procedimiento de presentar a la facultad una instancia para su reforma, o para la consideración de un problema u otro. La facultad en este caso siempre (y no puede ser de otra manera) procede a resolver la demanda de conformidad con el reglamento establecido. (Principio de legalidad). Si no lo hiciera así caería en la arbitrariedad, y eso seguro que afectaría a derechos y deberes de terceros.

El problema, sin embargo, se hace más patente si la resolución dada por las autoridades académicas y en conformidad con la normativa (legalidad), no satisface las demandas justas o lógicas (en todo o en parte) que parece tener quien las presenta (legitimidad ). En este caso es un deber ineludible de la institución tratar de dar salida, al menos en aquellos aspectos o demandas que en el conjunto de lo que se solicita parecen ser razonables y admisibles. Rehuir una demanda justa, por parcial que sea, es siempre una injusticia …

Un ejemplo práctico: los alumnos de 4º curso de magisterio solicitaron que se cambiara el orden en el que se impartían dos asignaturas concretas (ética y metodología), ya que necesitaban poder tener a mano los profesores de una de ellas (metodología) en el momento de empezar a hacer sus TFG, ya en el segundo semestre (invocaban, pues, la resolución justa de un inconveniente que restaba oportunidades a su rendimiento académico = legitimidad). Esto no podía otorgarse, puesto que un plan de estudios aprobado por instancias externas superiores (Generalitat y Autoridades del Estado), necesita un procedimiento largo y complejo para poderse implementar. Y también generaba muchas dificultades organizativas y curriculares …. (siguiendo el principio de legalidad). Se denegó la demanda, como no podía ser de otra manera, pero se miró también de intentar dar solución a una petición que sinembargo también parecía justa. Así se dispuso que metodología y ética repartieran su docencia entre los dos semestres …. Fórmula que aunque conllevaba algunas dificultades logísticas, permitía dos cosas: mantener la validez del Plan de Estudios vigente (legalidad), al tiempo que dar respuesta, aunque fuera parcial, a las demandas presentadas por los alumnos (legitimidad).

Esto nos enseña que las soluciones siempre son posibles, si las voluntades de personas e instituciones las permiten.

Àngel Jesús Navarro Guareño, profesor del Área de Humanidades